La violencia doméstica viene a ser uno de los mayores problemas de la sociedad actual y destaca con similar intensidad en los distintos países sin importar su grado de desarrollo.
Lejos de ser un nuevo dilema, la violencia se ha ejercido en el ámbito familiar durante siglos sin que en ello tomara medidas el Estado, puesto que se entendía que al tener una esfera familiar debía tener la privacidad propia del entorno familiar.
Gradualmente esta perspectiva va cambiando, la sociedad va tomando conciencia de la dimensión del problema y se trabaja en el proceso de mentalización general acerca de la importancia de defender los derechos fundamentales de todas las personas.
La necesidad de llevar a cabo una acción coordinada, desde los diversos aspectos en los que esta problemática incide, que afecta principalmente a las mujeres, aunque no en exclusiva, ya que en ocasiones suelen ser víctimas los hijos menores o personas indefensos de la unidad familiar. Resulta necesario cortar estos males adquirido durante generaciones como, por ejemplo, la insuficiente consideración de la mujer frente al varón, el minúsculo reconocimiento de su valía profesional, o la retribución tradicionalmente discriminatoria que padece la mujer trabajadora, así como superar el anacrónico modelo de roles asignados durante décadas al marido y a la esposa, es momento de adoptar un completo repertorio de medidas que favorezcan la correcta integración en la sociedad de las víctimas y de los agresores.
La acción coordinadora debe estar enfocado fundamentalmente hacia la prevención de este mal, ahora bien, en tanto la medida preventiva esté en funcionamiento, el Estado debe establecer los mecanismos adecuados para resolver las consecuencias derivada de este problema social. Habida cuenta de que los expertos señalan que sólo entre un 5% y un 10% de las agresiones producidas en el ámbito familiar son denunciadas, sin embargo, la Fiscalía General del Estado provocó que se dictara más de tres mil sentencias en procedimientos penales durante 1999.
La importancia que se concede a este fenómeno es a nivel mundial ha permitido que en el seno de Organizaciones Internacionales y en los diferentes países entre ellos, España, hayan surgido multitud de iniciativas para combatir la violencia doméstica, debiendo destacarse entre éstas las resoluciones adoptadas en el ámbito de la Unión Europea en pro de la “tolerancia cero” en esta materia, en el de la Organización de las Naciones Unidas y en varios países iberoamericanos como Chile, Argentina, Paraguay, Puerto Rico, etc.
Sin lugar a dudas, estamos ante un problema social de gran magnitud, que requiere una profunda investigación de las causas generadoras del mismo, de las carencias del ordenamiento jurídico para combatirlo y de la insuficiencia de la respuesta ofrecida por los operadores jurídicos. Estamos, por lo tanto, ante un fenómeno social y jurídico de relevantes proporciones, que requiere un tratamiento adecuado y específico para su solución.
